Los tres ciudadanos privilegiados por la Ley 6/2003 de 22 de abril.
Nos cuesta privilegiarlos alrededor de dos millones de euros al año.
La Generalidad de Cataluña le pagaba un despacho en la avenida Diagonal, tocando a Paseo de Gracia, de 313 metros cuadrados. Nos costaba 127.629 euros al año. El año que viene, cambia esa oficina por dos locales en la calle Brusi, más cerca de la casa de don Pasqual. El cambio de despacho supondrá un considerable ahorro del gasto público, porque está previsto que cueste, con plaza de aparcamiento y gastos de escalera incluídos, 31.180 euros. Los dos locales suman 138 metros cuadrados, menos de la mitad que antes.
190.000 euros al año y 441 metros cuadrados para perderse y escribir sus Memorias.
(véanse en primer plano, hay que hacer propaganda.)
Don José se asoma al balcón de 105.000 euros al año.
No recibe en el bar.
Un periodista le echó en cara a don José este dispendio. ¡En tiempos de crisis! Don José respondió, muy serio: Renunciar a la oficina sería un gesto populista y demagogo, dijo. ¡Yo no puedo recibir a ministros extranjeros en un bar!
¿Por qué no? Porque dañaría la institución, respondió don José. ¿Qué institución? La de la expresidencia de la Generalidad de Cataluña. Porque resulta que es un cargo institucional con estatuto propio, no se lo pierdan.
Según la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 3879, publicado el 8 de mayo de 2003), hay que garantizar que un antiguo presidente de la Generalidad de Cataluña, una vez haya cesado del cargo, pueda (cito) atender a sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas.
¡C...! ¡Todo el mundo tiene el derecho a atender a sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que se le supone a una persona o a un ciudadano! ¡Sin excepción! Además ¡sin diferencias! ¿Acaso los expresidentes tienen más dignidad y decoro, o más necesidades, que cualquier otra persona?
Está visto que el caso de Cinicinato se contempla con horror en las altas instancias de la política catalana. Nuestros insignes e inefables caudillos no son capaces de comprender que el héroe escogido por los dioses para la misión de liderar la patria merece el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano normal y corriente una vez se acabó lo que se daba, y no el de un muy honorable señor.
Por eso, desde este humilde texto, ruego que se sumen a mi solicitud. Como la Generalidad de Cataluña tendría que estar haciendo limpieza de asesores y altos cargos, supongo que sobrarán despachos en Presidencia. (Risas.) Si los expresidentes necesitan un despacho, que los instalen en uno de estos despachos sobrantes. ¿Coste de la operación? Mínimo. ¿Ahorro? Muy considerable, del orden de 300.000 euros al año. Sólo en despachos.
Fíjense qué fácil. Así conseguimos que el señor Montilla no vaya al bar a recibir ministros y ahorrarnos una pasta considerable.
Pueden ahorrarse muchos otros gastos. Por ejemplo, hay una partida de sueldos y salarios para el personal que necesitarán los expresidentes para ejercer su cargo de ya no ser presidentes con la dignidad y el decoro de marras. Cada uno de ellos puede contratar un asesor por más de 66.000 euros al año y las tres secretarias a cargo de la Generalidad de Cataluña salen por más de 75.000 euros al año.
Pero ¿para qué necesitan un asesor? Sabemos que los expresidentes no saben sumar sujeto, verbo y predicado. Hay sobradas pruebas de ello. Pero se supone que un expresidente dedica su retiro dorado a escribir sus Memorias, dedicadas a ilustrar qué bueno ha sido y cuánto bien ha hecho a la patria, que, de no ser por él... Es decir, los expresidentes necesitan un negro, que la Ley 6/2003 llama, discretamente, asesor. Pero ¿66.000 euros por un negro, al año, todos los años?
Según el diario digital El Confidencial (véase aquí), las memorias de un político las escribe un negro por 10.000 o 20.000 euros, por menos de 50.000 euros casi siempre, y muchas veces, editorial mediante, los negros salen gratis para el escritor, que pone el nombre y la foto. Con unos meses de trabajo hay de sobras. ¿Para qué tanto asesor, pues? Además ¿quién va a leer sus mentiras... digo, sus Memorias? ¿Sirven para algo? ¡Fuera asesores!
En resumen, si los expresidentes compartieran despachos y secretarias con Presidencia y supieran leer y escribir, ¡todo eso que nos ahorrábamos! Y no veo yo que quedase afectada ni su dignidad ni su decoro. ¡También podrían compartir coche oficial! Y nos ahorraríamos la policía en la puerta de tres despachos, porque con el portero de Presidencia ya habría más que suficiente. Etcétera. Pero todo esto ¿seguiría siendo necesario?
¿Quién se apunta a pedir que se suprima la Ley 6/2003, de 22 de abril? Yo, por ejemplo. ¿Si estoy haciendo demagogia? Pues, no sé, pero ¿tengo razón en lo que he dicho?
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